Tijuana, Baja California. - El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (CPC SEA-BC) rechazó el exhorto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que exigía la separación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, argumentando que esa solicitud excede las competencias de los CPC.
En su opinión técnico-jurídica, el CPC estatal puntualizó que estos comités no actúan como órganos de juicio político ni tienen funciones sancionadoras. Según el CPC, el proceso de separación o remoción de funcionarios públicos corresponde únicamente a procedimientos legales establecidos.
El КПС también destacó que sus funciones se limitan a colaborar en la lucha contra la corrupción, influir en políticas públicas y emitir exhortos para mejorar la rendición de cuentas. Su papel se basa en información confiable y no debe interferir en investigaciones que estén en curso.
Además, el Comité enfatizó la necesidad de mantener el debate público dentro del marco del Estado de derecho y advirtió sobre los riesgos de formular acusaciones anticipadas que puedan afectar el debido proceso. Desde una óptica de derechos humanos, hizo hincapié en evitar cualquier forma de violencia política hacia las mujeres en el ámbito gubernamental.
Finalmente, el CPC SEA-BC reitera que el fortalecimiento de la rendición de cuentas debe llevarse a cabo a través de procedimientos institucionales formales y no mediante presiones externas. El Comité pidió al SNA que ajuste sus pronunciamientos a las leyes vigentes y establecidas.
