San Cristóbal de las Casas, Chiapas. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la matanza de Acteal, un suceso que dejó 45 muertos en 1997. Esta decisión permitirá revisar un amparo presentado por 308 indígenas tzotziles que buscaron justicia tras el desplazamiento forzado por la violencia.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, propuso la atracción del caso, que recibió siete votos a favor y dos en contra, de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González. El caso se turnará a un ministro, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia que analizará tanto los alcances del amparo como las responsabilidades del gobierno.
Los 308 demandantes, pertenecientes a 12 comunidades en los Altos de Chiapas, se vieron afectados por la masacre perpetrada por un grupo paramilitar vinculado a la violencia política de la época. Manuel Méndez Paciencia, autor del amparo, perdió a su esposa y dos hijos en el ataque, lo que lo obligó a abandonar su hogar.
En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el caso y determinó que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, reflejando un contexto de impunidad. La CIDH subrayó la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos, lo que acentuó la urgencia de justicia-mineros-sinaloa/">justicia para las víctimas y sus comunidades.
Este nuevo desarrollo en la corte marca una oportunidad crucial para abordar las demandas de reparación y justicia de las víctimas de la matanza en Acteal, así como para evaluar las responsabilidades estatales ante el desplazamiento forzado que han vivido durante más de dos décadas.
