Ciudad de México. - El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ministra María Estela Ríos González podrá participar en el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Esta decisión se tomó por unanimidad y sin discusión, permitiendo que Ríos actúe como ponente en el expediente 3/2023.
La resolución se relaciona con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena poner fin a la aplicación de la prisión automática y el arraigo. Este pronunciamiento incidirá en cómo el Poder Judicial de la Federación abordará y redefinirá estas figuras legales en el país.
El proyecto impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, argumentó que la firma de un comunicado en 2022, cuando Ríos González era consejera jurídica del Ejecutivo, no supone un conflicto de intereses. Este comunicado, que respaldaba la retención de la prisión preventiva, fue considerado parte de sus atribuciones y no una postura personal.
La recusación presentada en octubre de 2022 por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes cumplieron 17 años en prisión preventiva, buscaba frenar la participación de Ríos en esta discusión. Ellos alegaron que su firma evidenciaba un juicio anticipado, lo que podría comprometer su imparcialidad en el análisis del caso.
Ríos González defendió su posicionamiento, argumentando que se trataba de un ejercicio de funciones como consejera y que no reflejaba un criterio previo, dado que el tema no estaba en la agenda de la Corte en ese momento. La Corte concluyó que no hay impedimentos para su intervención, abriendo la puerta a un debate crucial sobre la reforma de la prisión preventiva en México.
