Culiacán, Sinaloa. - La crisis política en Sinaloa se agudiza tras la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Ambos pidieron separarse de sus cargos en medio de acusaciones sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Rubén Rocha Moya solicitó oficialmente su licencia al Congreso del Estado, argumentando que esta decisión busca no interferir en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario rechazó vehementemente las acusaciones en su contra, defendiendo su inocencia y asegurando que su conciencia está tranquila.
Simultáneamente, el alcalde de Culiacán también se apartó temporalmente de su cargo, lo que intensifica la presión institucional en Sinaloa. Su ausencia fue aprobada por el Cabildo, donde Ana Miriam Ramos Villarreal asumió como presidenta municipal provisional. Ambos funcionarios sostienen que sus licencias permiten que las indagaciones se realicen sin obstaculizar el proceso.
La FGR ha señalado que requiere información de Estados Unidos para dar paso a las investigaciones. Las autoridades mexicanas enfatizan que se necesita evidencia sólida para avanzar jurídicamente en este caso. Rocha y Gámez Mendívil, mientras tanto, insisten en que son inocentes y que deben regresar a sus funciones una vez aclaradas las acusaciones.
El proceso ahora recae sobre el Congreso local, encargado de gestionar la separación temporal del gobernador. Yeraldine Bonilla, actual Secretaria General de Gobierno, se encargará de la administración estatal durante este período incierto. La situación en Sinaloa plantea un futuro complicado, donde las decisiones políticas no solo afectan a los servidores públicos, sino también a la estabilidad del estado.
