Mérida, Yucatán. - La discusión sobre el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en los municipios de Yucatán ha ganado fuerza tras la impugnación del gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mecanismo para calcular este cobro podría considerarse inconstitucional y plantea serias implicaciones económicas para los ayuntamientos.
La controversia surge en relación con la Acción de Inconstitucionalidad 26/2026, que cuestiona la legalidad de vincular el DAP al consumo eléctrico. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal argumenta que este sistema podría ser interpretado como un impuesto sobre energía, que corresponde exclusivamente a la Federación, afectando así a 16 municipios de Yucatán.
Los líderes del Congreso estatal han expresado su preocupación por los posibles efectos que esta decisión judicial podría tener en la economía municipal. Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN, sostuvo que el DAP representa una parte significativa de los ingresos locales, fundamental para servicios esenciales como el alumbrado público.
La inevitable reducción de ingresos municipales es solo uno de los aspectos a considerar. Torres Peniche destacó que cualquier disminución en el DAP impactaría de inmediato en el servicio de alumbrado, lo que podría provocar una mayor vulnerabilidad en áreas ya afectadas por la inseguridad. El legislador advirtió que el costo de mantenimiento del alumbrado no puede dejarse de lado ni posponerse.
Si la SCJN falla a favor de la inconstitucionalidad del DAP, los municipios deberán replantear su modelo de financiamiento. Torres Peniche sugirió que el Congreso local debe actuar rápidamente para establecer un nuevo sistema de cobro, que garantice la transparencia y la continuidad del servicio. La estabilidad financiera municipal es crucial para mantener la gobernabilidad y evitar que la incertidumbre cause inestabilidad presupuestal.
