Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para una decisión que podría desproteger a miles de familias en la capital. El 19 de enero, el pleno votará un proyecto que podría validar el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un aspecto crucial para la protección del derecho a la vivienda y los derechos humanos ante desalojos forzosos.
En mayo de 2019, el Congreso local modificó dicho artículo, debilitando sus garantías. Originalmente, la ley contemplaba protecciones significativas para los habitantes vulnerables, pero presiones del sector inmobiliario llevaron a la eliminación de disposiciones esenciales, como la prohibición de desalojos forzosos y la indemnización por daños. Estas modificaciones han generado una alerta en organizaciones que luchan por los derechos humanos.
María Silvia Emanuelli, coordinadora de Habitat International Coalition América Latina, sostiene que este cambio normativo no solo afecta a los desalojos actuales, sino que refuerza una cultura de impunidad frente a la violación de derechos fundamentales. La propuesta de la ministra María Estela Ríos González sugiere mantener el artículo 60 en su versión debilitada, argumentando que no es inconstitucional. Sin embargo, expertos señalan que se perdería la oportunidad de contar con una normativa que efectivamente proteja a las personas frente a desalojos arbitrarios.
Los grupos de derechos humanos critican también la falta de rigor en el proyecto, el cual se basa en argumentos insuficientes que solo reflejan un análisis formal. El impacto de una posible autorización a este proyecto sería significativo, al restar importancia a los derechos ya conquistados y poner en riesgo las iniciativas actuales por la vivienda justa en la ciudad. Al carecer de mecanismos efectivos para garantizar el debido proceso durante un desalojo, la sentencia podría simplemente acentuar la vulnerabilidad de quienes se enfrentan a esta situación.
Las organizaciones implicadas demandan la revocación del artículo en su versión actual y la apertura de un diálogo público que tome en cuenta la urgencia de proteger a las familias expuestas a desalojos forzosos. El futuro de los derechos humanos en la Ciudad de México podría formarse a partir de esta decisión jurídica.
