Washington, D.C. - El gobierno estadounidense, durante la administración de Donald Trump, desembolsó al menos 40 millones de dólares para deportar aproximadamente 300 migrantes a países distintos de su lugar de origen. Este movimiento forma parte de una estrategia para acelerar las expulsiones y reforzar el control migratorio en el país.
El informe, elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y liderado por la senadora Jeanne Shaheen, critica la estrategia. Se califica como “costosa, derrochadora y mal supervisada”, y se exige mayor transparencia en su implementación, en un contexto donde varios países han recibido migrantes deportados, algunos en condiciones inciertas.
Según el documento, Estados Unidos realizó pagos únicos que oscilaron entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos, a cambio de aceptar migrantes deportados. El caso más notable fue hacia El Salvador, que en marzo del año pasado recibió alrededor de 250 ciudadanos venezolanos, mientras que Guinea Ecuatorial recibió 29 y Palaos no ha aceptado deportados.
El Departamento de Estado defiende la práctica como parte de su lucha contra la inmigración irregular. Marco Rubio, secretario de Estado, subrayó que estas deportaciones permiten alejar del país a personas vinculadas a pandillas, asegurando así un entorno más seguro.
Las deportaciones a terceros países se utilizan cuando no se puede repatriar a un migrante a su país de origen. Esta situación puede surgir por falta de cooperación diplomática, retrasos administrativos o impedimentos logísticos. A través de negociaciones, Estados Unidos establece acuerdos con países que acceden a recibir temporal o permanentemente a los deportados, a menudo incluyendo incentivos económicos.
