CDMX. - En México, más del 54% de la población ocupada, que corresponde a aproximadamente 33.1 millones de personas, trabaja en la informalidad, sin acceso a prestaciones laborales. En contraste, el gobierno federal reportó un gasto de 203 mil 25 millones 4 mil 322 pesos en beneficios adicionales en 2025.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan un mercado laboral segmentado. La sectorización del empleo hace que más de la mitad de los trabajadores no cuenten con derechos laborales mínimos, como aguinaldo o vacaciones pagadas. Mientras tanto, el sector público, que emplea entre 5 y 6 millones de personas, presenta un régimen de prestaciones que supera lo establecido por la normativa laboral.
Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que este gasto incluye apoyos diversos, como compensaciones por “vida cara” en áreas de alto costo, becas escolares y bonos conmemorativos. Estas prestaciones son más amplias que las que reciben los trabajadores en el sector privado, donde el aguinaldo mínimo es de 15 días. En el sector público, este puede alcanzar hasta 40 días de salario.
La mayoría del gasto se concentra en instituciones con gran número de empleados. El Instituto Mexicano del Seguro Social encabeza la lista con un total de 77 mil 855 millones de pesos. Otras entidades destacadas son la Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyas erogaciones también están ligadas al tamaño de su fuerza laboral.
Estas prestaciones, aunque reguladas y constitucionales, alimentan el debate sobre la desigualdad en el mercado laboral mexicano. Los contrastes entre los beneficios del sector público y la precariedad que enfrentan muchos trabajadores informales subrayan la necesidad de reflexionar sobre políticas que promuevan un entorno laboral más equitativo en el país.
