Ciudad de México, México. - Un grupo de abogados y familiares de personas vinculadas con cárteles de la droga ha acusado al gobierno de México de violar la ley al trasladar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin una orden formal de extradición. La denuncia se realizó durante una conferencia de prensa celebrada el lunes.
Estos señalamientos surgen tras el envío de 37 detenidos a territorio estadounidense por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una acción que ha intensificado el debate sobre los procedimientos de extradición. Las autoridades mexicanas defienden el traslado como legal y justificado por razones de seguridad nacional, mientras que Washington sostiene que las personas enviadas estaban reclamadas por delitos cometidos en su territorio.
Los abogados indican que sus clientes fueron transferidos sin pasar por un proceso judicial adecuado que les permitiera apelar la decisión. Esto ha generado inquietud sobre la utilización de estas decisiones en el ámbito político, como afirma Yarey Sánchez Lagunas, abogada de algunos de los afectados. "Este tipo de decisiones ponen en riesgo el debido proceso", comentó durante la conferencia.
Desde febrero de 2025, un total de 92 detenidos han sido enviados a EE. UU., en tres entregas. Los abogados representan a individuos notorios, como Itiel Palacios García, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Pablo Edwin Huerta Nuño, vinculado al cártel de los Arellano Félix. Las críticas se centran en la falta de un marco legal claro para sustentar estos traslados.
Entre las voces críticas está Vanesa Guzmán, pareja de un presunto líder de Los Zetas, quien ha presentado una denuncia penal acusando a altos funcionarios de traición a la patria tras el envío de su pareja a Estados Unidos sin el debido proceso. "El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro", afirmó Guzmán.
El gobierno mexicano sostiene que estos movimientos son parte de estrategias bilaterales con EE. UU. para enfrentar el narcotráfico. Los desafíos legales y políticos en este contexto continúan intensificándose, mientras se cuestiona el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
