Washington D.C. - La administración de Donald Trump destinó más de 32 millones de dólares a cinco países para aceptar aproximadamente 300 deportados. Este gasto, excesivo y controvertido, ha suscitado cuestionamientos sobre la efectividad y necesidad de tales acciones.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicado recientemente, desvela que el gobierno estadounidense pagó cifras desmesuradas a países como Ruanda, Guinea Ecuatorial, Palaos, Esuatini y El Salvador, para recibir a un número limitado de deportados. En el caso más extremo, se gastaron 1,1 millones de dólares por persona, mientras que más del 80 % de los migrantes enviados ya han regresado a sus países de origen, lo que plantea serias interrogantes sobre esta estrategia.
El informe destaca que el Departamento de Estado gestionaba acuerdos de deportación con entre 70 y 80 naciones y que el enfoque podría estar diseñado como una táctica disuasoria. Un funcionario estadounidense comentó que el costo del proceso es ilógico, ya que algunos deportados son transportados a países lejanos solo para ser retornados rápidamente a su lugar de origen, generando un gasto doble.
Las condiciones bajo las cuales se realizaron estas deportaciones también han sido objeto de críticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su país nunca fue notificado sobre un deportado a Sudán del Sur. Además, varios gobiernos de origen estaban dispuestos a aceptar a sus nacionales, pero no fueron contactados adecuadamente, lo que refuerza las dudas sobre la validez de estas prácticas.
A pesar de las señales de alerta sobre corrupción y derechos humanos en los países que recibieron fondos, no hay pruebas de que el Departamento de Estado esté supervisando el uso de estos recursos. Esto pone de relieve una falta de transparencia en el manejo de estos acuerdos y fondos públicos.
