Ciudad de México, México. - Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, busca apoyo internacional al argumentar ser un “perseguido político” por las exigencias fiscales del gobierno mexicano. La situación se intensifica a medida que se avecina un posible embargo por su adeudo de 51 mil millones de pesos en impuestos.
Salinas Pliego se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para celebrar reuniones con funcionarios, reclamando que su situación es parte de una campaña de acoso por parte del Estado. Este argumento surge tras la negativa de varios amparos que buscaban frenar las acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó al SAT en su decisión de exigir los pagos correspondientes. A pesar de sus intentos previos de evadir responsabilidades fiscales utilizando tácticas de presión, el empresario enfrenta una realidad ineludible con una fecha límite inminente para saldar su deuda.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, aseguró que las acciones contra Salinas Pliego se basan en requerimientos legales válidos y no constituyen persecución política. La administración enfatiza que el proceso busca garantizar los derechos fiscales establecidos por la ley. La presidenta destacó que las empresas pueden realizar sus pagos de forma flexible.
La controversia alrededor de Salinas Pliego resalta un dilema más amplio sobre la responsabilidad fiscal en el país. A medida que el plazo para el pago se acerca, la atención se centra en el cumplimiento de las regulaciones fiscales y la posible implementación de sanciones si no se cumplen.
