CDMX. - El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que propone penas de hasta 15 años de prisión para quienes accedan, alteren o comercialicen información sensible del gobierno. Esta medida tiene como propósito principal proteger los datos de la población mexicana.
La propuesta reconoce las bases de datos del Estado como infraestructura crítica, equiparándolas a instalaciones esenciales como hospitales y escuelas. Esto busca garantizar que la información personal, incluidas identidades y datos biométricos, reciba una protección prioritaria en los planes estratégicos del país.
El experto en seguridad digital, Martín Barragán, destacó la importancia de resguardar la información gubernamental, sugiriendo la creación de un marco jurídico robusto. En su intervención, comentó sobre las consecuencias legales para quienes extraigan datos ilegalmente o vulneren sistemas de seguridad. Según Barragán, medidas severas son necesarias para inhibir delitos y aumentar la confianza de la ciudadanía en la protección de sus datos.
Felipe Miguel Delgado enfatizó que una violación de bases de datos poblacionales afecta directamente los datos de la población bajo la responsabilidad del Estado. También argumentó que al clasificar estos sistemas como infraestructura crítica, se obligaría a que los planes estratégicos prioricen su protección y salvaguarda. La inclusión de "elementos punitivos" busca disuadir a funcionarios que puedan lucrar con dicha información.
Asimismo, el diputado Óscar Bautista apoyó la iniciativa, resaltando que los datos son tan cruciales como cualquier infraestructura de comunicación. La propuesta se alinearía con planes institucionales para que la protección de datos sea gestionada por el Estado mexicano, la Fiscalía General de la República, y otras entidades relevantes, asegurando así un enfoque integral para el resguardo de la información y la persecución de delitos asociados.
