Ciudad de México. - El 22 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la compra de nueve camionetas de lujo para cada uno de sus ministros, lo que generó controversia pública por su elevado costo de 1.7 millones de pesos cada una. Este hecho ha suscitado un intenso debate sobre la adecuada utilización de recursos públicos.
Ante la presión de la ciudadanía, la Corte anunció que los ministros acordaron no emplear estas camionetas y estarán buscando su devolución. Si esto no resulta viable, los vehículos serán asignados a personal del sistema judicial que necesite medidas de seguridad excepcionales. La reacción pública ha sido contundente, con voces críticas que cuestionan la necesidad de tales gastos.
Durante una conferencia, el ministro presidente Hugo Aguilar destacó que “la austeridad no es un acto simbólico” y que es esencial mantener un equilibrio entre las medidas de seguridad para los ministros y la responsabilidad de ejercer el servicio público sin extravagancias. Aguilar dejó claro que el objetivo es distanciarse de las prácticas anteriores que podrían interpretarse como privilegios.
El proceso para desincorporar las camionetas blindadas ya está en marcha. Desde 2010, se estableció que los ministros contaran con vehículos blindados para su seguridad, y hasta la fecha se han adquirido 43 de estos automóviles, de los cuales 39 llegaron al inicio de la nueva administración de la Corte. Aguilar mencionó que cuatro de estos vehículos fueron adquiridos bajo la anterior administración, y se permitieron llevarse como parte del retiro.
La decisión de no utilizar los vehículos ostentosos busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de austeridad y responsabilidad en el gasto público, en un contexto donde la ciudadanía reclama mayor transparencia. La SCJN se compromete a mantener la seguridad de sus miembros, pero se distancia de gastos que puedan ser considerados excesivos.
