Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - La captura del poder local en México por la impunidad ha transformado la figura del alcalde en una licencia para extorsionar y violentar en complicidad con el crimen organizado. Esta práctica, normalizada y enfrentada a la percepción de autoridad, quiebra la confianza de la ciudadanía.
El reciente arresto de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, ilustra estos problemas. Acusado de extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, su caso refleja el temor que han sembrado los políticos en sus municipios. Empresarios y ciudadanos viven bajo el dominio de quienes deberían protegerlos, lo que muestra un patrón de gobierno basado en la intimidación y corrupción.
Desde 2018, al menos 25 alcaldes han sido detenidos por sus vínculos con grupos criminales, lo que pone en evidencia una estructura de mayor complejidad que trasciende a los partidos políticos, como Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. Este hecho resalta la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva sistémica, más allá del ámbito político.
Los alcaldes son los representantes más cercanos a la ciudadanía, encargados de brindar servicios esenciales. La falta de integridad en este nivel de gobierno impacta directamente en la seguridad y bienestar de la población, lo que torna urgente erradicar la corrupción desde sus cimientos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado el fin del amparo político para delinquir, pero esto no es suficiente. Se requiere un compromiso firme y acciones concretas para desmantelar la estructura de impunidad, así como la implementación de filtros que impidan el acceso de candidatos con vínculos criminales a las boletas electorales. La violencia en la política no solo compromete la integridad del proceso electoral, sino que también afecta la vida diaria de los ciudadanos.
