Municipio, Estado. - La infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno local refleja una grave herida en la democracia mexicana. La pregunta clave es cómo ha llegado el narcotráfico a controlar candidaturas municipales y ayuntamientos. Los vacíos institucionales permiten que las candidaturas se conviertan en puerta de entrada para la delincuencia.
Controlar un ayuntamiento otorga poder sobre permisos, administración de policías locales y la garantía de impunidad en su territorio. Esta situación va más allá de la corrupción tradicional; se trata de una captura institucional donde el crimen organizado no simplemente soborna, sino que se adueña de los procesos de selección de candidatos y financiamiento de campañas.
Los partidos políticos, al elegir candidatos, muestran márgenes de discrecionalidad que generan preocupación. Sin un proceso de verificación patrimonial adecuado, candidatos con vínculos dudosos pueden llegar a las boletas. Establecer protocolos obligatorios de debida diligencia es crucial, incluyendo la revisión de patrimonios, vínculos con investigados y zonas de riesgo del narcotráfico.
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe contar con la autoridad para vetar candidaturas si hay indicios de vínculos criminales. La experiencia de otros países de América Latina muestra que esta estrategia es viable sin vulnerar derechos políticos, garantizando a la vez audiencias y revisiones judiciales.
Además, el crimen organizado logra infiltrarse en los cuartos de guerra de las campañas electorales. En estos espacios, el dinero ilícito coordina esfuerzos, paga brigadas y opera sin vigilancia real. La falta de auditorías hace difícil rastrear la procedencia de los recursos y verificar la legitimidad de los inmuebles utilizados.
