Guanajuato. - El grupo parlamentario de Morena ha presentado recientemente dos iniciativas en el Congreso del Estado para abordar el tema del aborto. Una propuesta, liderada por la diputada María Eugenia García Oliveros, sugiere únicamente modificar el tipo penal, mientras que un grupo de cuatro diputadas impulsa su eliminación por completo.
Ambas propuestas surgen a raíz de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que instruyó al Congreso local a revisar y modificar varios artículos de su Código Penal que criminalizan el aborto. La iniciativa de García Oliveros se centra en redefinir el tipo penal solo para casos que ocurran después de la décima segunda semana de gestación, incluso integrando medidas de trabajo comunitario como opción penal.
Por otro lado, las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia presentan una iniciativa más amplia, que propone un marco legal que haga el aborto legal, seguro y gratuito en Guanajuato. Esta propuesta incluye reformas al Código Penal, así como a la Constitución local y a diversas leyes estatales, enfocándose en garantizar el derecho a decidir sobre la maternidad y asegurar servicios de salud sin estigmas.
La CDJN había solicitado al Congreso modificar los artículos relacionados con el aborto antes del 15 de febrero, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no acatar la orden. Este proceso se deriva de un litigio promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y de decisiones previas de la Corte. Se subraya que la criminalización del aborto vulnera derechos fundamentales, y la SCJN argumenta que el derecho penal no debe usarse para imponer creencias morales.
María Eugenia García Oliveros, al referirse a la discusión en torno a las iniciativas, negó cualquier ruptura en la bancada de Morena, aunque puntualizó que su propuesta y la de sus compañeras son distintas. La situación en Guanajuato es crítica, ya que la SCJN ha removido barreras sobre el acceso al aborto, lo que colocaría al estado en un nuevo contexto legislativo.
