México, Ciudad de México. - El gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una investigación sobre tres legisladores del partido Morena, que incluye a dos senadores y una senadora. La indagación se centra en sus presuntos vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades estadounidenses podrían esperar a que crucen la frontera para intervenir.
La publicación de la columna Bajo Reserva en El Universal sugiere que la estrategia de las autoridades de Estados Unidos difiere de revocaciones directas de visa a otros políticos. En lugar de ello, buscan realizar interrogatorios a los legisladores en la frontera para determinar el futuro de sus visas, basándose en sus respuestas sobre sus conexiones con el crimen organizado.
El contexto incluye un aumento de presión por parte de la administración de Donald Trump hacia el gobierno mexicano, ante temores de una intervención militar. Según The Wall Street Journal, funcionarios de seguridad mexicanos temen que se exijan detenciones de políticos de Morena por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Este fenómeno no es aislado. Estados Unidos ha revocado aproximadamente 50 visas de políticos y funcionarios mexicanos, como parte de una estrategia más amplia contra los cárteles de la droga. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, se encuentran entre los afectados por la revocación de visas en 2025, vinculado a investigaciones en su estado.
Casos específicos incluyen al senador Adán Augusto López Hernández, quien enfrenta acusaciones de irregularidades en su patrimonio y presunto enriquecimiento ilícito, y la senadora Julieta Ramírez Padilla, que negó rumores sobre la revocación de su visa. Estos eventos subrayan un clima crítico para los políticos de Morena en relación a sus vínculos con el crimen.
