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Alcalde de Santa Catarina enfrenta denuncias por irregularidades

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, es denunciado por irregularidades en el uso de recursos públicos y problemas con el servicio de transporte.

La gestión de Jesús Nava es cuestionada por el uso indebido de recursos públicos y problemas en el transporte urbano.
Jesús Nava Rivera, alcalde de Santa Catarina, ha sido señalado, entre otros asuntos, por irregularidades en el servicio de SantaBus / Foto: Especial

Santa Catarina, Nuevo León. - El alcalde Jesús Nava ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por presuntas violaciones a la Ley Electoral y uso indebido de recursos públicos. La denuncia fue presentada a finales de enero por el diputado Miguel Ángel García Lechuga.

La denuncia se centra en el programa “Impulso Santa Catarina”, lanzado el 14 de abril de 2025, y se argumenta que la entrega de tarjetas con apoyos municipales está vinculada a intereses políticos y no a fines sociales. Se señala que este programa opera de manera selectiva, favoreciendo a líderes de colonias afines a la administración.

Además de las acusaciones sobre el programa, la administración de Nava enfrenta críticas por la falta de pago a proveedores, lo que ha llevado al embargo de vehículos del servicio de SantaBus. Fuentes indican que la Tesorería debe más de ocho millones de pesos a Integra Arrenda, empresa que había suministrado vehículos, lo que impacta en la operación de servicios públicos básicos.

El programa SantaBus ha visto una reducción significativa en su capacidad operativa, pasando de 40 camiones a solo 30 unidades, que transportan menos pasajeros y demoran más tiempo en cubrir recorridos. Legisladores locales han demandado mayor transparencia sobre este servicio, que originalmente estaba destinado a estudiantes y ha sido objeto de múltiples quejas por su ineficiencia.

Por el momento, la administración de Jesús Nava se encuentra bajo presión para rectificar la situación, regular los servicios afectados y garantizar un funcionamiento adecuado de los programas destinados al bienestar de los ciudadanos.

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