Ciudad de México. - Un reciente informe revela irregularidades significativas en la Fiscalía General de la República (FGR), que afectan sus operaciones y el combate a la corrupción. Las irregularidades incluyen debilidades en los controles internos y la falta de seguimiento adecuado a procesos de decomisos y denuncias.
Las unidades administrativas de la FGR han sido auditadas y se identificaron riesgos relevantes en sus operaciones, incluyendo insuficiencias en la documentación de procesos y dilaciones en la toma de decisiones. Esto ha generado un entorno de opacidad que afecta la confianza pública en la institución.
Uno de los hallazgos más preocupantes señala que el área encargada de verificar el destino de bienes decomisados opera bajo normativas de 1994. Esta situación limita la capacidad de la FGR para reportar adecuadamente el volumen y tipo de narcóticos incinerados, especialmente en las entidades federativas con mayor actividad delictiva.
Para abordar estas deficiencias, el Informe de la Oficina de Inspección y Control (OIC) incluye una serie de estrategias, destacando la mejora en la coordinación con fiscalías estatales. También se implementan controles estadísticos para aumentar la transparencia en los eventos de incineración de narcóticos, evidenciada en el informe con la destrucción de 71,871 kilogramos de drogas y 5.5 millones de unidades de fentanilo.
La evaluación patrimonial de los servidores públicos también presenta fallas graves. Se identificó una "ausencia total de controles" en los expedientes que deben ser resguardados, lo que expone a la FGR a riesgos significativos, incluyendo posibles pagos millonarios por demandas laborales debido a defensas deficientes y procedimientos mal gestionados.
Este panorama pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar los procesos internos de la FGR para restablecer la confianza en su capacidad para combatir la corrupción y garantizar un manejo transparente de los recursos y procedimientos legales.
