México, Ciudad de México. - Un artículo de la Revista Proceso revela que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría causado un pasivo de 27 mil millones de pesos al erario al utilizar un decreto relacionado con extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para fines políticos.
El texto expone que Ramírez hizo uso de un decreto que establecía una “compensación vitalicia” para extrabajadores de LyFC, presentándolo como una medida de justicia social. Sin embargo, la revista argumenta que esta acción carecía de fundamentos jurídicos y financieros, lo que llevó a la creación de redes clientelares.
Proceso destaca que este programa impactó negativamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y que recursos públicos fueron empleados en beneficio de intereses políticos, incluidos aquellos relacionados con la precandidatura de Clara Brugada. La discusión respecto a este decreto fue controvertida y se debatió dentro del gabinete presidencial.
Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2022, fue un punto de quiebre en la interpretación de la justicia laboral, argumentando que muchos de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley tras la extinción de LyFC en 2009.
Desde la publicación del artículo, atención nacional se ha centrado en la función de Ramírez Cuevas y el impacto de sus decisiones, lo que abre puertas a una revisión profunda del uso de recursos públicos en la administración actual.
