Ciudad de México. - Un reciente artículo de la revista Proceso revela que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría comprometido recursos públicos por casi 27 mil millones de pesos. Esta situación se vincula a un decreto relacionado con extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que se utilizó para establecer redes clientelares.
El análisis surge del libro "Ni venganza ni perdón", escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El texto sostiene que el decreto fue negociado con personas sin representación sindical legítima, lo que generó una ruptura entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los grupos beneficiados. La intervención de Ramírez y Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se señala como un intento de manipular liderazgos en el SME.
El 25 de agosto de 2022 se publicó el decreto que otorgó una "compensación vitalicia por justicia social" a extrabajadores de LyFC. A pesar de que muchos beneficiarios recibieron liquidaciones previamente, Jesús Ramírez logró convencer a López Obrador de implementar este programa. Esto alteró no solo el presupuesto estatal, sino también la interpretación de justicia laboral en México.
Con el cambio de gobierno en 2018, Jesús Ramírez asumió un papel clave entre los extrabajadores disidentes, impulsando su lealtad hacia la candidata de Morena, Clara Brugada. A finales de 2023, el padrón de beneficiarios alcanzaba las 7,133 personas, generando un gasto significativo que podría impactar finanzas públicas hasta 2086.
La publicación concluye que las acciones de Ramírez han comprometido los recursos públicos, dividiendo el movimiento social y beneficiando intereses políticos específicos. La situación destaca la complejidad en la administración de recursos destinados a programas sociales.
