Ciudad de México. - Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de la Presidencia de la República durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, es señalado por generar una deuda pública de 27 mil millones de pesos a través de un decreto que ofrece compensaciones vitalicias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El decreto, publicado el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, fue presentado como una medida de reparación laboral. Sin embargo, una investigación descubre que Ramírez Cuevas influenció su implementación, a pesar de que muchos beneficiarios ya habían sido indemnizados. Advertencias sobre las implicaciones financieras fueron desestimadas.
En su defensa, Ramírez Cuevas declaró que el decreto respondía a una necesidad de justicia social para los electricistas desvinculados por el gobierno anterior. A pesar de la controversia, él logró convencer a López Obrador para que continuara con el programa, ignorando análisis técnicos en contra.
Los antecedentes de esta medida revelan una gestión política estratégica. Jesús Ramírez Cuevas también intervino en el Sindicato Mexicano de Electricistas, diluyendo la oposición interna y creando una base de apoyo político. Esta acción promovió una injerencia que benefició la candidatura de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Un estudio actuarial del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado estima que este programa originará un pasivo financiero significativo hacia 2086. Al 2023, más de 7 mil extrabajadores ya estaban registrados como beneficiarios, lo que arroja un gasto superior a 3 mil 500 millones de pesos. Este caso ilustra el cambio ideológico de Ramírez Cuevas hacia una política corporativista y la carga financiera que sus acciones imponen al futuro del Estado mexicano.
