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Leyzaola y De la Rosa, señalados por violaciones a derechos humanos

Julián Leyzaola y Daniel de la Rosa enfrentan acusaciones por graves violaciones a derechos humanos en el caso de una víctima desde 2010.

Exsecretarios de seguridad en Tijuana y Baja California enfrentan acusaciones de abusos graves desde 2010.
Foto: Especial

Tijuana, Baja California. - Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de seguridad en Tijuana, y Daniel de la Rosa Anaya, exsecretario de seguridad del Estado, están implicados en un caso de violaciones graves a derechos humanos, según la recomendación 204/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La resolución de la CNDH, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ayuntamiento de Tijuana, documenta abusos cometidos por 17 miembros de estas corporaciones. La queja fue presentada el 8 de septiembre de 2023, por una víctima que relata haber sufrido la golpiza el 17 de octubre de 2010, bajo la dirección de Leyzaola Pérez y De la Rosa Anaya.

El testimonio de la víctima indica que fue detenido por fuerzas municipales y estatales, siendo golpeado hasta perder el conocimiento. Al recobrar la consciencia, se encontró en el Cuartel General de la Segunda Zona Militar, donde también fue agredido. Detalla que sufrió asfixia y otros métodos de tortura durante su detención, corroborados por dictámenes médicos.

La CNDH afirma que se confirmó la participación de siete agentes municipales, ocho estatales y dos militares, con base en pruebas objetivas y consistentes. Estas instituciones deben proporcionar atención psicológica y seguir la investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) en función de las obligaciones establecidas por su recomendación.

Leyzaola Pérez ha sido objeto de múltiples señalamientos por organismos de derechos humanos, incluyendo a Human Rights Watch (HRW), que denunció su implicación en torturas y abusos desde 2010. A pesar de que los acontecimientos ocurrieron hace más de quince años, las violaciones graves a derechos humanos no tienen un plazo de prescripción según las legislaciones vigentes.

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