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Liberan a manifestantes detenidos en marcha de la Generación Z

Dos manifestantes detenidos en la marcha de la Generación Z fueron liberados tras 76 días mientras continúan las denuncias de tortura.

Después de 76 días en prisión, los últimos detenidos recuperan su libertad mientras continúan las denuncias de tortura.
Liberan a detenidos de la marcha “Generación Z”; denuncian obstáculos de la Fiscalía / Foto: Especial

Ciudad de México, México. - Bryan Alexis Olivares y Eduardo Josafat, los últimos dos manifestantes detenidos el 15 de noviembre en el Zócalo, fueron liberados el 30 de enero tras 76 días en prisión preventiva. Su salida se dio tras cuestionamientos sobre la legalidad de su detención.

El abogado Ricardo Colorado, representante legal de varios de los detenidos, informó que la Fiscalía de Cuauhtémoc obstaculizó el proceso judicial y buscó mantener a los jóvenes en prisión sin justificación legal suficiente. Se reporta que siete de los 18 arrestados en la movilización han denunciado tortura y abuso de autoridad ante la Fiscalía capitalina.

A pesar de su libertad, los procesos penales en su contra continúan. Según Colorado, la medida de prisión preventiva se sustentó inicialmente en una supuesta falta de acreditación de domicilio, argumento que posteriormente fue resuelto. Sin embargo, la Fiscalía mantuvo el temor de fuga en las audiencias posteriores.

La marcha del 15 de noviembre, convocada por colectivos juveniles de la Generación Z, buscaba justicia por el asesinato de Carlos Manzo. Aunque la protesta comenzó pacíficamente, la situación se tornó violenta cuando algunos manifestantes derribaron las vallas metálicas en Palacio Nacional, lo que llevó a enfrentamientos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades registraron 29 detenciones y 84 policías lesionados.

Las autoridades investigan las denuncias de tortura presentadas por los detenidos. Ricardo Colorado destacó que algunos de ellos enfrentan problemas de salud que requieren atención médica. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Servidores Públicos, y se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul para documentar los posibles abusos sufridos durante su detención.

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