Ciudad de México. - La movilización ciudadana resultó en la suspensión, este lunes 19 de enero, de una polémica discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre modificaciones al artículo 60, que podría favorecer desalojos forzosos en la capital. La normativa, reformada en 2019, reduce las garantías de protección de derechos humanos para quienes enfrentan desalojos.
En las afueras de la Corte, familias, colectivos y personas de diversas edades se manifestaron enérgicamente, defendiendo su derecho a la vivienda. La acción incluyó el bloqueo pacífico de accesos al edificio para retrasar la sesión que abordaría el proyecto impulsado por la ministra María Estela Ríos González. Los manifestantes destacaron que el desalojo no es un caso aislado, sino una política que favorece al capital inmobiliario.
Los asistentes recordaron que el artículo 60, originalmente redactado por la ciudadanía, tenía como objetivo proteger a los hogares frente a desalojos forzados, garantizando audiencias previas y realojamiento. Sin embargo, los recientes cambios realizados en la ley han abierto la puerta a fraudes procesales, generando una ambigüedad que complica la defensa de los afectados.
Los desalojos son considerados actos violentos por quienes los han padecido. Las condiciones muchas veces incluyen la llegada de autoridades en la madrugada, acompañadas de policías y camiones, generando un ambiente de temor. Afectados han señalado que este tipo de situaciones no solo destruyen hogares, sino que también marcan un estigma que complica su futuro en la búsqueda de nuevos espacios de vida.
Existen diversas organizaciones y movimientos de resistencia que continúan luchando por la vivienda digna. Estos frentes están compuestos por redes de desalojados y comités de inquilinos, que buscan que se respete el derecho a un hogar y se frenen las políticas que favorecen el desalojo masivo.
