Monterrey, Nuevo León. - La empresa Matrimar, dedicada a la extracción de material de construcción, denunció intentos de extorsión por parte del gobierno estatal tras la clausura de sus instalaciones por la Secretaría de Medio Ambiente. Esta acción se llevó a cabo en la madrugada del martes y la empresa considera que fue un acto ilegal y sin justificación.
Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, asegura que la clausura ocurrió después de rechazar exigencias económicas que consideran ilegales. En su comunicado, la compañía calificó el acto como una "extorsión disfrazada de acoso institucional", manifestando que este tipo de presiones han sido recurrentes en los últimos años.
El conflicto entre Matrimar y el gobierno de Nuevo León se remonta a más de un año, cuando comenzaron las controversias sobre las operaciones de la empresa en la Sierra de Picachos. A pesar de las diversas clausuras, Matrimar defiende que sus actividades están dentro del marco legal y que posee todas las licencias necesarias. La empresa ha recurrido a instancias judiciales para demostrar la legalidad de sus operaciones.
Después de obtener un amparo que les permite reanudar actividades, Matrimar reactivó sus operaciones, beneficiando a más de 500 familias locales. La empresa ha enfatizado que esta reactivación no se basa en acuerdos ilegales, sino en la certeza jurídica proporcionada por el tribunal. Además, solicita al gobierno que evite el uso de amenazas basadas en ilegalidades.
Voces del sector empresarial en Nuevo León también se han alzado en contra de lo que consideran presiones fiscales del gobierno de Samuel García. Organismos como la Confederación de Cámaras Industriales han advertido que las nuevas cargas tributarias pueden impactar negativamente en la competitividad y en el empleo formal en la región.
