Veracruz, Veracruz. - Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, se enfrenta a una nueva imputación por el delito de peculado, vinculada al desvío de 5 millones de pesos destinados a grupos vulnerables. Esta acusación mantiene su reclusión, impidiendo su programada salida para abril.
Los fondos, que debían beneficiar a menores en riesgo y adultos mayores, fueron desviados por funcionarios públicos. El caso resalta la gravedad del desvío de recursos públicos destinados a causas sociales críticas, específicamente a la casa hogar “Manuel Gutiérrez Zamora” y la casa hogar “Mariana Sayago”.
En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor abrió el proceso penal 667/2025. Aunque la cantidad es menor que en ocasiones anteriores, la naturaleza del delito ha captado la atención pública. El fiscal Julio Antonio Cobos expuso que el dinero, que se debía usar para el Fondo para la Infraestructura para el Fortalecimiento e Inclusión Social, no fue autorizado para su canalización a cuentas específicas.
La defensa de Duarte argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) carecía de la autorización necesaria para proceder con este nuevo caso, citando complicaciones relacionadas con su extradición desde Guatemala. El propio Duarte declaró que la FGR solo había obtenido una “autorización verbal” para continuar con el proceso, lo que él considera una injusticia.
A pesar de estas alegaciones, el juez rechazó la solicitud de la defensa. La FGR presentó pruebas de un esquema complejo de desvío de recursos, destacando la figura de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de Duarte, quien se ha convertido en testigo protegido. La declaración de Abdalá es clave en la acusación, donde se menciona la utilización de una cuenta conocida como “licuadora” para mover los fondos de manera irregular.
La FGR solicitó la prisión preventiva justificada para Duarte, quien ya estaba cumpliendo una sentencia por lavado de dinero. La audiencia se reprogramó para el 17 de febrero, permitiendo a la defensa preparar su respuesta ante las nuevas acusaciones que complican aún más su situación legal.
