Ciudad de México. - Organizaciones civiles solicitaron al Estado mexicano colaborar plenamente con el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura durante su visita programada para enero de 2026. Según el Centro Prodh y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la tortura sigue siendo una práctica generalizada, evidenciada por la falta de mecanismos efectivos de prevención.
Las organizaciones advierten que, a pesar de contar con la Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y el Registro Nacional del Delito, estas iniciativas no han logrado frenar la práctica. María Luisa Aguilar del Centro Prodh recordó la opacidad que caracterizó la visita del SPT en 2016, cuando se negó el acceso a instalaciones militares en Guerrero.
Aguilar subrayó que la falta de transparencia ha impedido un conocimiento claro sobre el informe de 2016. Este, que detalla las violaciones detectadas, solo fue accesible tras litigios ante el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La impunidad se identifica como el principal factor que perpetúa la tortura. María Luisa Aguilar explicó que sigue prevaleciendo en el país debido a que los mecanismos de rendición de cuentas son insuficientes y no se aplican de manera efectiva. Por su parte, Denisse Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que la tortura no se limita a detenciones, sino que también se utiliza como mecanismo de represión en manifestaciones.
La llegada de expertos de la ONU representa una oportunidad crucial para visibilizar la situación de tortura en México. Las autoridades nacionales deben demostrar un compromiso genuino con la transparencia y el respeto a los derechos humanos, evitando la repetición de las fallas del pasado.