Guanajuato, Guanajuato. - La Comisión de Salud del Congreso del Estado ordenó archivar una propuesta de Morena que buscaba garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita y segura. La votación concluyó con tres diputados a favor y dos en contra, lo que refleja las profundas divisiones en el Legislativo estatal.
La reforma propuesta tenía como objetivo reconocer el derecho a la autonomía reproductiva y obligar al Estado a ofrecer servicios de aborto seguro. Sin embargo, el rechazo a la iniciativa impidió que se convocaran mesas de consulta para recibir opiniones de la ciudadanía, lo que violó el principio de parlamento abierto, según los críticos.
Las diputadas que votaron en contra fueron Angélica Casillas y Noemí Márquez del PAN, así como Itzel Mendo del Partido Verde Ecologista de México. Los legisladores de Morena, Antonio Chauraund y Miriam Reyes Carmona, abogaron por la necesidad de discutir el tema, especialmente tras resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que instan a despenalizar el aborto en la entidad.
Angélica Casillas Martínez, diputada del PAN, argumentó que el Congreso debe ser cauteloso al evaluar propuestas previamente discutidas. Resaltó que la defensa de la vida es un principio fundamental. A su vez, el diputado Chauraund fue crítico: el "madruguete" legislativo dificultó un análisis completo del tema, lo que podría llevar a impugnaciones futuras.
La diputada Miriam Reyes Carmona informó que Guanajuato sigue figurando entre las entidades que no han despenalizado el aborto, a pesar de las resoluciones de la Corte. Expresó su preocupación por el estancamiento legislativo, en contraste con el avance en otros estados en esta materia. La diputada Sandra Pedroza de Movimiento Ciudadano propuso una nueva iniciativa que busca alinear las leyes estatales con los mandatos de la Corte, enfatizando que el cumplimiento no es opcional.
La propuesta buscaba eliminar sanciones contra mujeres que optan por abortar y a quienes las acompañen, manteniendo castigos contra quienes obliguen a una mujer a interrumpir su embarazo. La discusión sigue abierta en el Congreso, donde el tiempo apremia para cumplir con las decisiones judiciales.
