San Luis Potosí, San Luis Potosí. - A medida que avanza el año 2026, la transparencia en la gestión de los partidos políticos continúa siendo un tema de preocupación. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí obliga a estos partidos a publicar información actualizada sobre sus ingresos y gastos, pero muchos no están cumpliendo con esta responsabilidad.
Guadalupe González Covarrubias, directora de Ciudadanos Observando, destacó que, si bien algunos partidos están cumpliendo con su obligación legal, la cantidad de datos y su calidad suelen ser insatisfactorias. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN) han mostrado avances en la publicación de su información, a pesar de haber tenido problemas previos. Tanto Movimiento Ciudadano (MC) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han realizado actualizaciones, aunque el cumplimiento no es uniforme.
El Partido del Trabajo (PT), sin embargo, es el que peor desempeño muestra, ya que no ha publicado ninguna información durante todo un año. Esta falta de rendición de cuentas ha generado críticas hacia la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que no ha impuesto sanciones por dicha omisión. Además, el seguimiento a los gastos de los partidos revela que muchos presentan cifras poco transparentes y cuestionables.
El financiamiento público para los partidos en 2026 asciende a 174 millones 215 mil 596 pesos, un aumento del 5.5% en comparación con el año anterior. Este monto se distribuye entre varios partidos según su porcentaje de votación en las últimas elecciones. El financiamiento refleja tanto las necesidades operativas como la capacidad logística de cada partido, pero su utilización necesita ser claramente justificada para asegurar la confianza pública.
La sociedad civil sigue demandando un mayor compromiso por parte de los partidos en materia de transparencia y rendición de cuentas. La implementación de mecanismos más estrictos de seguimiento podría ser esencial para fomentar una cultura de honestidad y responsabilidad política.
