Monterrey, Nuevo León. - El Instituto Nacional de Migración (INM), delegación Nuevo León, declaró que la entrega de migrantes por parte de autoridades de seguridad no garantiza una deportación inmediata. La distinción entre infracciones migratorias y delitos penales es clave en su operación administrativa.
El titular del INM en nuevo-leon-asamblea-desarrollo-economico/">Nuevo León, Jorge Alejandro Palau Hernández, explicó que su organismo solo interviene en casos donde las autoridades judiciales concluyen su actuación. La condición de irregularidad se considera una falta administrativa, no un delito penal, lo que modifica el rumbo del proceso. Si un migrante no acredita su situación legal, el INM procederá a analizar su situación según un marco regulatorio.
Palau Hernández detalló que, en circunstancias donde un migrante es acusado de delitos, el INM entra solo después que el proceso judicial ha finalizado sin vinculación. Esto implica que, si la falta no recibe sanción penal, la responsabilidad migratoria se atiende independientemente de las acusaciones previas.
El acceso consular está garantizado, asegurando que se respeten los derechos internacionales de los detenidos, lo cual es fundamental en estos procedimientos. Cada persona a disposición del INM es notificada a su consulado correspondiente. Durante el operativo Héroes Paisanos, se reportaron incidentes delictivos, pero el INM no tiene potestad para detener por crímenes.
Palau Hernández se comprometió a proporcionar cifras oficiales de repatriaciones, ofreciendo así una mirada más precisa sobre el flujo migratorio en la región en 2025. Esto permitirá entender mejor el escenario actual en relación con medidas de retorno para los migrantes en Nuevo León.
