Ciudad de México. - La discusión sobre la reforma electoral para 2026 ha estado marcada por la falta de transparencia y diálogo entre las fuerzas políticas. A pesar de una convocatoria para una "auscultación ciudadana" en octubre, el gobierno ha optado por mantener las discusiones en privado, sin la participación de otros partidos.
Esta onda de opacidad es alarmante dado el impacto significativo que tendrá la reforma en el sistema democrático del país. Los foros celebrados no lograron ser representativos y el gobierno ha mostrado poca disposición para construir acuerdos. Las declaraciones del presidente de la Comisión Presidencial son claras: se busca imponer la reforma sin negociar con la oposición.
Desde 2022, existen indicios de las modificaciones que el gobierno pretende implementar, aunque las propuestas específicas aún no se han formalizado. Recordar los intentos fallidos previos es clave para comprender el contexto actual de la reforma. En abril de 2022 se presentó el “Plan A”, que buscaba modificar completamente la estructura electoral, desde la extinción de organismos electorales hasta la reducción de la representación en el Congreso.
El fracaso del "Plan A" llevó a la creación del "Plan B", que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. A pesar de esto, las intenciones de modificar el sistema electoral persisten. Las recientes elecciones judiciales también reflejan una falta de condiciones mínimas para una contienda equitativa, con un manejo restringido de medios y desigualdades sociales que afectaron la votación.
Con la intención de fomentar un diálogo plural y abierto, se ha organizado un Seminario en colaboración con diversas instituciones académicas para discutir los riesgos de la reforma electoral. Los organizadores enfatizan la necesidad de realizar estas deliberaciones en un espacio público, dejando atrás la secrecía que ha caracterizado al proceso hasta ahora.
