Ciudad de México. - La reforma electoral propuesta en México ha generado preocupaciones entre expertos, quienes advierten sobre su impacto negativo en la independencia de las autoridades encargadas de organizar elecciones. Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, señala que el Plan C podría representar un retroceso significativo en el sistema electoral del país.
Martín Reyes indica que esta reforma es la última de un conjunto de iniciativas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El retraso en su aprobación no es casual; el gobierno busca que las actuales autoridades organicen primero la elección judicial para evitar complicaciones en ambos procesos, lo que evidencia la estrategia del oficialismo.
El análisis del académico resalta que partidos aliados como el PT y el Verde son cruciales en la coalición de Morena. La posible eliminación de la representación proporcional podría debilitarlos, reduciendo su influencia y capacidad de negociación. Este jaloneo interno complica el proceso legislativo en torno a la reforma electoral.
Uno de los aspectos más controvertidos es la propuesta de eliminar los institutos y tribunales locales, lo que podría llevar a una concentración de poder inusitada. Martín Reyes destaca que esta centralización permitiría que el Ejecutivo controle el padrón electoral, debilitando la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, la idea de elegir autoridades electorales por voto popular podría politizar aún más al sistema.
El investigador también menciona el problema del financiamiento ilícito en campañas, donde recursos de diversas fuentes, incluyendo el crimen organizado, son una constante. Considera que la reforma parece ignorar cuestiones fundamentales de fiscalización real, al priorizar el control institucional sobre la salud democrática del país. La situación actual requiere cambios urgentes para mejorar la transparencia y la competitividad en el sistema electoral.
