Monterrey, Nuevo León. - Un grupo diverso de organizaciones ciudadanas, empresariales y académicas presentó una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de Nuevo León. Este esfuerzo busca elevar la calidad de la justicia y asegurar la independencia judicial en el contexto de la elección de jueces mediante voto popular a partir de 2027.
Los promoventes destacaron la importancia de establecer mecanismos que aseguren un proceso electoral transparente y equitativo. Para ello, proponen que el sistema contenga reglas claras y estándares que prohíban el financiamiento público y privado en las campañas judiciales, así como restricciones a la influencia partidista. La reforma tiene como objetivo equilibrar la legitimidad democrática con la competencia profesional entre los aspirantes a jueces.
Mauricio de la Garza Garza, presidente del Consejo Cívico, enfatizó que la justicia debe basarse en la preparación y ética de los candidatos, no en su popularidad. La iniciativa plantea que los candidatos pasen por una evaluación técnica obligatoria antes de asumir un cargo judicial. Además, se fomentará la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para separar las funciones de investigación y resolución, garantizando así el debido proceso.
La propuesta pretende fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y mejorar la calidad de las resoluciones. Las organizaciones participantes sostienen que una justicia fiable es esencial para el Estado de Derecho y para la vida diaria de los ciudadanos. Se busca que la ciudadanía tenga la seguridad de que los casos serán resueltos por personas competentes y comprometidas con la ley.
Este movimiento no solo intenta aumentar la participación democrática, sino también asegurar que los electores elijan a los mejores perfiles para impartir justicia. La reforma tiene el potencial de reducir riesgos de corrupción y asegurar un entorno más estable para el desarrollo social y económico de nuevo-leon/">Nuevo León.
