Tijuan, Baja California. - La discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones ha despertado alarmas entre los ciudadanos sobre el registro obligatorio de datos biométricos para la conservación de líneas telefónicas. Esta medida ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y el control estatal de la información personal.
El debate ha crecido en medio de la inquietud por denuncias de prácticas inadecuadas por parte de algunas compañías, que podrían estar vendiendo datos de usuarios o clonando números telefónicos. Expertos y activistas argumentan que la exigencia de proporcionar datos biométricos es excesiva y atenta contra derechos fundamentales.
Esteban Capella Ibarra, coordinador del grupo ciudadano “Ruta Independiente Baja California”, enfatiza que el incumplimiento de la recogida y uso adecuado de esta información puede representar graves riesgos para la seguridad de los ciudadanos. En años anteriores, disposiciones similares fueron rechazadas enérgicamente, siendo declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 por vulnerar derechos básicos.
A pesar de los antecedentes, la propuesta de reforma vuelve a promoverse, generando desconfianza entre los sectores de la población que temen un retroceso en los derechos de privacidad. Para Capella Ibarra, esta obligación de entregar datos biométricos no solo se reduce a un aspecto administrativo, sino que afecta el equilibrio entre seguridad y libertades individuales.
La ciudadanía deberá mantenerse alerta sobre el avance de estas reformas y sus repercusiones. La discusión pública es crucial para proteger derechos como la privacidad y evitar que acciones que pueden tener un profundo impacto se implementen sin el análisis necesario.
