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La rendición de cuentas en México: un reto persistente

La rendición de cuentas en México es un desafío, a pesar de la Ley de Transparencia y los cambios en la gestión pública.

A pesar de los avances, la transparencia en el gobierno sigue siendo cuestionada.
Foto: Especial

Hermosillo, Sonora. - La rendición de cuentas en México enfrenta un momento crítico. A pesar de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia en 2002, el acceso a la información pública se ha vuelto incierto tras la reciente extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Ley Federal de Transparencia, que buscaba mejorar la rendición de cuentas en el país, sigue vigente. Sin embargo, la desaparición del INAI y la absorción de sus funciones por la nueva Secretaría Anticorrupción han generado dudas sobre la efectividad del acceso a la información. Esta situación refleja una preocupación por la posible falta de autonomía del nuevo organismo que lo reemplaza.

En un país donde la corrupción ha sido una constante, la reforma reciente añade incertidumbre al proceso de transparencia. Suecia, por ejemplo, ha liderado en este aspecto desde 1766, mientras que México implementó su primera norma en 2002, 236 años más tarde. Según el último informe de Transparencia Internacional, Suecia ocupa el sexto lugar mundial en transparencia, mientras que México se encuentra en la posición 140 de 180 países.

El acceso a la información pública sigue disponible a través de portales diseñados para tal fin. No obstante, existe escepticismo sobre la confiabilidad de la información proporcionada por el gobierno. La tradición de dilatar respuestas y la falta de cultura de apertura son obstáculos que permanecen en el país. Mantener vigilancia sobre el uso de los recursos públicos es esencial para fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Se requiere un esfuerzo colectivo para garantizar que la transparencia no sea solo una formalidad, sino una práctica efectiva. Pese a los obstáculos, es vital continuar solicitando información y exigiendo respuestas. La vigilancia ciudadana puede marcar la diferencia en la gestión pública del país.

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