Mérida, Yucatán. - La renuncia de Rogerio Castro Vázquez a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Yucatán ha desatado críticas y solicitudes de investigación por parte de diversas fuerzas políticas. La oposición sostiene que esta decisión requiere una revisión institucional debido a su impacto en la gestión de apoyos sociales.
El diputado Álvaro Cetina Puerto, presidente del PAN Yucatán, destaca que este cambio no es un simple ajuste administrativo. Acusa que la falta de una explicación clara y las acusaciones de corrupción generan incertidumbre en un área clave del gobierno federal, encargada de la distribución de recursos sociales.
Cetina Puerto subraya que su partido exigirá una auditoría al ejercicio presupuestal de la Delegación de Bienestar. Asegura que los recursos son de los ciudadanos y deben ser utilizados de manera transparente. "La delegación no puede ser un botín político", enfatiza, y solicita un informe detallado sobre la gestión de su predecesor.
Desde el PRI, Gaspar Quintal Parra interpreta este cambio como parte de una purga política del gobierno federal. Considera que refleja tensiones internas y que las decisiones importantes para Yucatán se están tomando desde el centro, minimizando el control local. Quintal Parra demanda una investigación formal sobre las acusaciones de corrupción relacionadas con Castro.
En Movimiento Ciudadano, se manifiesta la necesidad de transparencia institucional. La situación actual pone en evidencia las debilidades y conflictos dentro del gobierno federal, un aspecto que podría repercutir en la implementación de programas sociales en el futuro en la región. Las implicaciones políticas de esta renuncia y las respuestas del gobierno son todavía inciertas.
