Mérida, Yucatán. - El registro obligatorio de teléfonos móviles en México presenta beneficios en seguridad pública, pero también provoca preocupación en la ciudadanía, según el doctor Celso Augusto López Pérez, integrante del Colegio de Abogados de Yucatán A.C. La incertidumbre se centra en el manejo de datos personales, a pesar de que esta medida ya es legalmente requerida.
El especialista mencionó que el gobierno argumenta que el registro es una herramienta eficaz para combatir la inseguridad en el país. Sin embargo, López Pérez destacó que este proceso enfrenta cuestionamientos tanto jurídicos como sociales. La preocupación por el manejo de datos personales persiste desde hace años, ya que los ciudadanos temen cómo se utilizarán sus datos personales asociados a sus teléfonos.
Desde el inicio de los años 2000, se ha debatido la viabilidad de un padrón de celulares en México. López Pérez enfatizó que la desconfianza ciudadano surge de incidentes previos donde datos sensibles fueron mal utilizados, lo que intensifica las inquietudes sobre la efectividad del nuevo registro en un contexto de inseguridad creciente.
Los datos solicitados en el registro son similares a los de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral. A pesar de esto, las dudas no se disipan, dado que el país atraviesa un periodo crítico de violencia y antecedentes donde iniciativas similares han sido vistas como invasivas a la privacidad. Esta situación también está presente en otras naciones de Centro y Sudamérica, aunque su efectividad no puede medirse de inmediato.
La generación de confianza es uno de los mayores retos que enfrenta este registro. López Pérez advirtió que las brechas legales, como la falta de regulación sobre líneas contratadas en el extranjero, podrían complicar la situación. Además, destacó la importancia de incluir a menores de edad y personas con discapacidades en el proceso. La autoridad responsable del registro debe garantizar la transparencia y el uso adecuado de los datos recolectados.
