Monterrey, Nuevo León. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma que traslada la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Esta resolución se produjo tras cuatro años de disputas legales y se basa en la capacidad del Congreso local para aprobar cambios que aseguren una mayor eficiencia en la lucha contra la corrupción y el crimen financiero.
El pleno del tribunal ratificó que el decreto 196, promovido por las bancadas del PRI y el PAN en junio de 2022, no es inconstitucional. El fallo especificó que el Congreso tenía las facultades necesarias para definir las atribuciones de una nueva Fiscalía dedicada a investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que esto invadiera competencias del Poder Ejecutivo. Esto significa que la Fiscalía no tendrá la facultad de congelar cuentas.
La SCJN consideró que las funciones de la nueva Fiscalía van más allá de lo meramente administrativo, lo cual reafirma la separación de poderes en el estado. La votación se realizó con un resultado de ocho votos a favor, aunque algunos miembros del pleno expresaron reservas sobre ciertos aspectos del proyecto.
El traslado de la UIFE suscitó un conflicto político significativo en 2022, cuando PRI y PAN afirmaron que la unidad estaba siendo utilizada como herramienta para presionar a la oposición. El decreto fue retenido por el Ejecutivo estatal durante varios meses sin ser publicado, una situación que se resolvió en febrero de 2024, cuando la SCJN ordenó su inclusión en el Periódico Oficial del Estado.
Tras la promulgación de la reforma, el Gobernador Samuel García presentó una controversia constitucional, mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano y diputados de Morena impulsaron una acción de inconstitucionalidad. Estos recursos fueron analizados y resueltos por la SCJN, culminando en la validación de la reforma y estableciendo un nuevo-frente-frio-mexico/">nuevo marco para la lucha contra delitos financieros en Nuevo León.
