Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recién electa, enfrenta una crisis de credibilidad tras sus primeros 100 días de actividad. A pesar de la promesa del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz de mantener un Poder Judicial austero y cercano al pueblo, diversos incidentes han puesto en entredicho esa imagen.
Desde su instalación, se han presentado tensiones significativas. El 19 de enero, una discusión sobre la cosa juzgada evidenció un quiebre interno. Aunque se aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, un párrafo polémico fue rechazado por siete ministros, generando un conflicto que expuso las discrepancias dentro del Pleno de la Corte.
Las críticas no se detuvieron ahí. Una polémica surgió por la compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep, con un costo potencial superior a tres millones de pesos cada una. Tras el rechazo público, la SCJN aseguró que los vehículos no se utilizarán y que podrían ser asignados a jueces en riesgo. Esto contrapone la narrativa de austeridad prometida por la nueva administración judicial.
Además, el contrato para el retrato de Lenia Batres, adjudicado por 40 mil pesos, generó suspicacias. La ministra aclaró que no estuvo involucrada en la adjudicación, pero resaltó que su equipo ha logrado ahorrar más de 20 millones de pesos en dos años. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue criticada por viajar en primera clase a Costa Rica para actividades judiciales, un viaje percibido como inconsistente con los ideales de austeridad.
Por último, el ritual indígena en honor a Quetzalcóatl, realizado durante la ceremonia de instalación el 1 de septiembre, causó controversia al costo de más de 1.2 millones de pesos. Este gasto en audio, escenario y servicios ha incrementado el escrutinio social sobre la congruencia en el discurso de la SCJN.
