Municipio, Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un caso fundamental sobre las capacidades de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar bienes en investigaciones penales. Este análisis se centra en la incautación de terrenos en Santa Fe, realizada hace cinco años sin una orden judicial previa.
Las empresas inmobiliarias, afectadas por el aseguramiento, solicitaron un amparo para recuperar sus propiedades. La FGR, en respuesta, argumenta que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales le autoriza a asegurar bienes sin necesidad de autorización judicial bajo ciertas circunstancias. Este caso ha sido notificado en listas de la Corte y su discusión fue pospuesta para el 19 de enero, bajo la revisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El Ministerio Público federal presentó argumentos en favor de su posición ante la Corte, subrayando que la legislación solo requiere control judicial en situaciones específicas, como el abandono de bienes o el aseguramiento de vehículos. Así, la FGR sostiene que puede actuar de manera directa, incluso con el respaldo de la policía.
La petición de la FGR a la SCJN es clara: revocar el amparo otorgado a las inmobiliarias y reafirmar la facultad del Ministerio Público para asegurar bienes sin autorización judicial en investigaciones penales. Este caso podría sentar un precedente significativo sobre la interpretación de las leyes que regulan la actuación del Ministerio Público en México.
La decisión de la Corte no solo afectará a la FGR y las empresas, sino también al debate más amplio acerca de la protección de los derechos de propiedad frente a las facultades de investigación del Estado. Se espera que el fallo final ilumine el equilibrio necesario entre estas dos funciones.
