San Francisco, Campeche. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma propuesta por la administración de Layda Sansores, que permitía ejecutar obras públicas de gran impacto sin la obtención de permisos municipales. Esta decisión representa un retroceso significativo para el gobierno estatal y refuerza la autonomía municipal.
La controversia surgió a partir de la controversia inconstitucional 284/2024, promovida por el Ayuntamiento de Campeche, liderado por la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, del partido Movimiento Ciudadano. La SCJN determinó que los artículos 2, último párrafo, 141 Bis y segundo Transitorio de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche no cumplían con los lineamientos establecidos en la Constitución Política de México.
Durante la sesión del 13 de enero, los ministros de la Corte coincidieron en que la mencionada reforma excedía las facultades del Poder Ejecutivo. El ministro presidente, Hugo Aguilar, destacó la importancia de respetar la división de competencias, advirtiendo que la reforma intentaba eliminar la necesidad de autorización municipal, lo que no es adecuado para el marco constitucional.
El ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que dicha modificación invadía competencias que pertenecen al municipio de Campeche. De acuerdo con la SCJN, el artículo 2 invalidado indicaba que las obras públicas de interés estatal de gran impacto se beneficiarían de excepciones que contravenían la autonomía municipal prevista en el artículo 115 de la Constitución de México.
Con esta decisión, la SCJN reafirma la importancia de las competencias municipales y limita la capacidad del gobierno estatal de ejecutar proyectos de gran envergadura sin la debida autorización. Se espera que la administración de Layda Sansores revise sus estrategias en materia de obras públicas y ajuste su enfoque para cumplir con la normativa vigente.
