Tequila, Jalisco. - El reciente escándalo en torno al alcalde morenista Diego Rivera Navarro pone de manifiesto el arraigo de la narcopolítica en México. Este caso no es aislado; representa un patrón que se repite en alcaldías de varios estados, donde el narcotráfico ha penetrado los niveles más básicos del gobierno municipal.
La situación se agrava en entidades como Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde los alcaldes se encuentran atrapados entre la ley y la extorsión. Muchos enfrentan una dura elección: gobernar bajo la amenaza del crimen organizado o arriesgar sus vidas. La impunidad de los cárteles y la falta de apoyo de los gobernadores complican aún más este dilema.
Las cifras son alarmantes. En México, un alcalde es asesinado cada dos meses y medio. Según un análisis de EL UNIVERSAL, desde el año 2000, han sido asesinados 119 presidentes municipales en diferentes estados. El sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo el mayor registro, con 42 asesinatos, mientras que en el actual mandato de Claudia Sheinbaum ya se contabilizan 10.
El caso de Diego Rivera Navarro no solo muestra la complicidad, sino que indica una estrategia más siniestra. Cárteles como el Jalisco Nueva Generación imparten la política al seleccionar a sus candidatos. Con esto, el control sobre los recursos municipales se convierte en una herramienta de extorsión eficaz para la criminalidad.
Recientemente, otras alcaldesas y alcaldes han enfrentado ataques directos en varias partes del país, lo que plantea la alarmante pregunta sobre cuántos más deben sucumbir ante esta violencia. Tequila simboliza un fenómeno más extenso, donde el debilitamiento del estado de derecho ha permitido que los cárteles ejerzan un control directo sobre la política local.
