Madrid, España. - La secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey, testificó en el Tribunal Supremo que Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, no tenía antecedentes de problemas laborales en la empresa, donde estuvo contratada entre 2019 y 2021. Esta declaración se enmarca en un juicio que investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Monterrey indicó que, según la empresa, Rodríguez era considerada como trabajadora activa, aunque su declaración previa en el tribunal indicaba que no realizaba tareas efectivas, a pesar de haber percibido 34,477 euros durante esos años. Se presentaron informes que documentan su supuesta actividad, así como intercambios de correos electrónicos y registro de asistencia.
En su testimonio, Monterrey destacó que existían registros que validaban la celebración de entrevistas de trabajo, aunque Rodríguez solo reconoció una. Este aspecto contradice las afirmaciones de Rodríguez sobre su relación laboral con Joseba García, hermano del asesor Koldo García, quien fue mencionado en el juicio por su supuesta supervisión, algo que fue negado por Monterrey.
Por otro lado, se abordó el testimonio de una secretaria técnica del Ministerio de Transportes, que mencionó cambios súbitos en la orden de adquisición de mascarillas. Indicó que el exsubsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, modificó la cifra de mascarillas a adquirir, lo cual hubiera sido influenciado por el empresario Víctor de Aldama. Este hecho es parte del mismo juicio que involucra a Ábalos y otros funcionarios.
La Fiscalía investiga si los acusados se beneficiaron económicamente a través de contratos relacionados con la pandemia, lo que añade complejidad al caso que continúa desarrollándose en los tribunales. Los próximos días serán cruciales para resolver las implicaciones legales de estos testimonios en el contexto de la contratación pública.
