Por: Dra. Marlene del Toro Granados
La inserción laboral de personas migrantes del Triángulo Norte en la frontera bajacaliforniana revela una exclusión estructural donde la falta de documentos, la segmentación del mercado de trabajo y las brechas institucionales convergen en la precarización de derechos.
Tijuana se ha convertido, más que en una ciudad de paso, en un espacio de espera prolongada para miles de personas migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y México, sumado a la lentitud de los procesos de regularización, ha modificado el sentido de la frontera. Lo que en otro momento fue concebido como tránsito hoy opera, para una parte creciente de esta población, como asentamiento involuntario. En ese contexto, el acceso al trabajo no ocurre en condiciones de integración plena, sino mediante circuitos marcados por la informalidad, la ausencia de contrato y la falta de protección social.
La evidencia revisada para el periodo 2020–2025 indica que la principal barrera de ingreso al empleo formal es la carencia de documentación migratoria que autorice actividades remuneradas. Esta limitación no constituye un detalle administrativo menor, sino el punto de quiebre que desplaza a la población migrante hacia ocupaciones de baja estabilidad y alta vulnerabilidad. La economía local absorbe esa mano de obra, pero lo hace en segmentos donde predominan restaurantes, comercio y servicios informales. De esa forma, la ciudad incorpora trabajadores, aunque sin garantizarles condiciones mínimas de seguridad jurídica, protección laboral ni posibilidad real de movilidad ocupacional.
Los datos disponibles muestran una paradoja que resulta sustantiva para comprender el fenómeno. Tijuana mantiene una tasa de informalidad inferior al promedio nacional, pero al mismo tiempo registra el nivel más alto entre las ciudades fronterizas del norte. En el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral en la ciudad se ubicó en 37.8 por ciento, mientras que en Baja California fue de 37.2 por ciento. A escala nacional, la referencia ronda 55 por ciento. Esa diferencia no debe interpretarse como un signo de fortaleza homogénea del mercado laboral tijuanense, sino como la expresión de una estructura segmentada que distribuye de forma desigual el acceso a la formalidad. En esa estructura, la población migrante extranjera aparece sobrerrepresentada en los nichos más precarios.
La literatura especializada citada en el informe muestra que esta segregación no responde a una supuesta falta de disposición para el trabajo. Por el contrario, las personas migrantes extranjeras suelen incorporarse rápidamente a la búsqueda de ingresos desde su llegada. Sin embargo, las exigencias del empleo formal, particularmente en sectores como la maquila, requieren documentos como CURP, RFC o afiliación a seguridad social, requisitos que muchas personas no pueden cumplir durante sus procesos migratorios. El resultado es una inserción económica inmediata, pero subordinada a formas de empleo verbal, jornadas extensas, salarios bajos y ausencia de prestaciones.
El carácter estructural del problema se vuelve más claro al observar la trayectoria reciente de la demanda de protección internacional. Las estadísticas citadas en el documento reportan que las solicitudes de refugio en México pasaron de 40,817 en 2020 a 140,982 en 2023. Honduras se mantuvo entre las principales nacionalidades solicitantes, con 41,935 casos en 2023. Al mismo tiempo, la oficina de Baja California concentró entre 3,416 y 4,135 solicitudes anuales entre 2021 y 2022. Estos datos no describen únicamente presión sobre el sistema migratorio. También explican por qué una parte relevante de la población migrante permanece durante meses o años en ciudades fronterizas sin una vía expedita de regularización que permita acceder a un empleo formal.
Otro hallazgo relevante es que la exclusión no afecta de manera uniforme a toda la población migrante. La dimensión de género incide de forma sustantiva en las oportunidades laborales. El informe identifica que las mujeres migrantes presentan menores tasas de participación laboral que los hombres, no por falta de interés, sino por la carga de cuidados, la ausencia de redes de apoyo y la concentración en ocupaciones domésticas o de servicios con mayor exposición al abuso. La precariedad, en estos casos, no se limita al ingreso insuficiente, sino que se traduce también en menor autonomía económica y mayor dependencia de entornos institucionales frágiles, como albergues o intermediaciones informales.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la inserción laboral informal compromete de manera directa el derecho al trabajo digno, a la no discriminación, a la seguridad social, a la salud y al acceso efectivo a la justicia laboral. La contratación verbal, la falta de prestaciones, la exposición a riesgos de trabajo sin cobertura y el temor a denunciar abusos por la propia situación migratoria configuran un escenario de vulneración reiterada. El problema central no radica solo en que las personas migrantes trabajen en la informalidad, sino en que esa informalidad se ha normalizado como mecanismo de absorción económica en un contexto donde el Estado no logra articular la política migratoria con la política laboral.
La discusión de fondo obliga a abandonar explicaciones simplistas. No se trata de un fenómeno de adaptación individual fallida ni de una incapacidad de la población migrante para integrarse. La evidencia apunta a una exclusión institucional que prolonga la irregularidad documental y, al mismo tiempo, facilita que determinados sectores del mercado local dispongan de mano de obra disponible en condiciones desventajosas. En términos concretos, la frontera produce trabajadores necesarios para la economía urbana, pero los incorpora sin reconocerles plenamente su condición de sujetos de derechos.
El propio informe subraya una limitación que conviene destacar con rigor. No existe todavía una medición específica y representativa sobre la tasa de informalidad laboral de personas migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. La información disponible permite identificar tendencias sólidas, pero no cuantificar con exactitud cuántas personas centroamericanas trabajan actualmente en la ciudad ni bajo qué condiciones detalladas según nacionalidad, género o trayectoria de estancia. Ese vacío no debilita el diagnóstico central. Más bien evidencia la necesidad de producir investigación empírica más fina sobre una realidad que ya muestra consecuencias palpables en materia laboral, social y humanitaria.
Visto en conjunto, el caso de Tijuana muestra que la frontera norte no solo administra movilidad, también redistribuye precariedad. La ciudad ofrece empleo, pero una parte considerable de ese empleo se estructura sobre la vulnerabilidad documentaria de quienes no logran ingresar a los circuitos formales. Mientras esa desarticulación persista, la informalidad seguirá operando no como excepción, sino como destino probable para miles de migrantes centroamericanos.
