Mexicali, Baja California. - El Consejo Estatal de Abogados solicitó a las autoridades de Seguridad Pública y a la Fiscalía General retirar los escoltas del diputado Juan Manuel Molina García, argumentando que estos son financiados con recursos públicos. El presidente de la asociación, Elías Flores Gallegos, señaló que esta decisión es necesaria debido a la falta de justificación para que el legislador cuente con ese tipo de seguridad.
Flores Gallegos expuso que el presidente municipal, Norma Bustamante Martínez, y la dirección de Seguridad Pública deben tomar acciones a favor de la ciudadanía. Comenta que la asignación de un escolta municipal al diputado es inusual y que no hay un evidente riesgo para su seguridad. Aseguraron que esta situación podría encubrir un uso indebido de fondos públicos, dado que la protección debe ser para el pueblo.
Además, se refirió a otros dos agentes asignados por la Fiscalía General del Estado, creando un escenario similar. Estos tampoco son financiados por Molina García y, de acuerdo con Flores, carecen de la preparación adecuada para actuar como escoltas, lo que plantea cuestionamientos sobre su efectividad y rol.
El presidente del consejo mencionó que los gastos por los escoltas ascienden a aproximadamente 120 mil pesos mensuales. Proyectando estos números, se estima que en 17 años, suman más de 25 millones de pesos que los ciudadanos han provisionado sin justificación. Una exigencia clara se manifiesta en la pregunta sobre la retribución de este monto al erario público.
El síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín, se comprometió a revisar la normativa relacionada con la asignación de agentes municipales a diputados. Desde inicios de 2025, se han comenzado a retirar escoltas a particulares, en línea con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula el uso de recursos de seguridad pública.
