Ciudad de México. - Un sismo político se desató en México tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios por narcotráfico y supuestos lazos con el Cártel de Sinaloa. Esta situación se produce en un clima de tensión tras la reciente muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.
La investigación, liderada por el fiscal federal Jay Clayton, abre un capítulo crítico en las relaciones entre ambos países. Se alega que los funcionarios involucrados conspiraron para importar grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo a cambio de protección política. Este desarrollo marca un aumento notable en la presión de EE.UU. sobre figuras políticas que supuestamente están vinculadas al crimen organizado en México.
Ulises Lara López, fiscal de la República, anunció que se realizará una investigación para determinar la validez de las acusaciones. "La Fiscalía de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria", expresó, enfatizando que se necesita evidencia sólida para fundamentar cualquier orden de aprehensión.
Rocha Moya y los otros implicados fueron acusados de proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. A pesar de la gravedad del caso, el gobernador expresó su inocencia. "Rechazo categóricamente las imputaciones, carecen de veracidad y fundamento", afirmó, al tiempo que criticó la forma en que se divulgó la información por parte de EE.UU.
La Cancillería mexicana aseguró que no se presentaron pruebas suficientes en las solicitudes de extradición y prevé enviar una queja diplomática al gobierno estadounidense. A la par, la oposición política en México ha hecho eco de estas acusaciones, alegando que confirman sus alertas sobre posibles vínculos entre políticos y el narcotráfico.
