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Agua y saneamiento en Perú: se requieren US$ 15 mil millones

Perú requiere US$ 15 mil millones para reformas en agua y saneamiento, esenciales para la salud pública y el desarrollo.

Perú enfrenta una crisis de agua que podría impactar las tarifas y la salud pública.
Necesitamos una política de manejo de las empresas de agua que sea profesional y prudente. (Imagen: Andina) / Foto: Especial

Lima, Perú. - El país necesita una inversión de aproximadamente US$ 15 mil millones para abordar la crisis del agua y del saneamiento. Esta cantidad es esencial para implementar reformas en el sector, que actualmente enfrenta grandes desafíos en la distribución y calidad del agua.

La escasez de agua en Perú es crítica, especialmente en la costa, donde vive la mayor parte de la población. Aunque existen glaciares en los Andes que proveen agua, su acelerada reducción debido al calentamiento global agrava la situación. El 50% de estos glaciares ha desaparecido en los últimos 50 años, lo que plantea un riesgo inminente para el suministro de agua a futuras generaciones.

Los problemas de gestión en el sector hídrico son alarmantes. Las 51 empresas de agua del país pierden hasta la mitad del agua que procesan, lo que se atribuye a infraestructuras viejas y a la falta de mecanismos de cobro eficaces. Se sugiere una reforma integral que incluya políticas tarifarias que permitan cubrir costos y realizar inversiones necesarias en la red de abastecimiento.

En el sur del Perú, la complejidad geográfica dificulta la construcción de trasvases de agua, impidiendo un acceso equitativo. A pesar de los proyectos propuestos, como el trasvase de Cusco a Arequipa, los avances son nulos debido a disputas legales. Asimismo, la crisis se extiende a regiones como Iquitos, que tiene un acceso limitado al agua limpia a pesar de su proximidad al río Amazonas.

El costo de no actuar podría ser mayor, impactando la salud pública y exacerbando problemas como la anemia juvenil. La inversión en infraestructura es urgente para un Perú que enfrenta un futuro incierto en términos de recursos hídricos. Se vislumbran reformas que priorizarán la gestión eficaz del agua y podrían incluir la privatización de ciertos servicios, aunque con reservas sobre sus implicaciones para las comunidades más vulnerables.

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