Monterrey, Nuevo León. - La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Este cambio busca que despachos de abogados y consultores que influyan en decisiones públicas sean responsables en caso de irregularidades. La propuesta responde a vacíos legales que afectan la rendición de cuentas.
Serrato Flores, presidenta de la Comisión de Anticorrupción, explicó que la legislación actual solo establece obligaciones para los servidores públicos. Sin embargo, no aborda la responsabilidad de particulares que participan en dictámenes o asesorías que afectan resoluciones oficiales. “La buena administración pública requiere que todas las influencias sean transparentes y responsables”, aseguró.
Entre los cambios propuestos, se incluye la figura del “Particular vinculado a la función pública”. Esto permitirá que personas o entidades que intervengan en decisiones administrativas, sin un cargo formal, enfrenten mecanismos claros de responsabilidad. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar un marco adecuado que regule la influencia de estos actores en el Estado.
La diputada citó el caso del programa Bosques Ciudadanos y el convenio con Reforestación Extrema A.C., donde los fondos no llegan al erario y son dirigidos a una asociación civil, permitiendo que el particular decida qué acciones cumplen con obligaciones ambientales. “Esto genera una falta de control sobre decisiones que afectan políticas públicas”, indicó.
Para el ejercicio fiscal 2025, se prevé que al menos cinco dependencias estatales destinen más de 110 millones de pesos para contratar servicios profesionales externos. Serrato subrayó que estas contrataciones han aumentado, lo que recalca la necesidad de regulación. La iniciativa busca sancionar a quienes ejerzan influencia indebida y generen dictámenes engañosos que afecten decisiones gubernamentales.
