Mérida, Yucatán. - La crisis de desapariciones y el avance del crimen organizado revelan serias deficiencias en la respuesta del Estado en Yucatán. Las madres buscadoras están tomando la iniciativa en la localización de sus seres queridos en una realidad alarmante donde la violencia y la negligencia institucional son palpables.
A medida que aumenta el número de desapariciones, la respuesta gubernamental se ha perpetuado en una serie de acciones ineficaces. Los colectivos ciudadanos, como el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo, están realizando labores de búsqueda en el territorio yucateco, destacando la falta de apoyo y protección por parte de las autoridades.
La búsqueda está motivada por informes que ubican a desaparecidos en localidades como Tixkokob y el mercado San Benito. Las integrantes del colectivo hacen un recorrido continuo por albergues y espacios públicos, distribuyendo información sobre las casi 150 personas desaparecidas. A pesar de su esfuerzo, enfrentan una creciente desprotección en un entorno marcado por la actividad del crimen organizado.
Las denuncias de las buscadoras destacan la incapacidad de las autoridades locales para ofrecer seguridad y asistencia. Silvia Cituk, madre de un desaparecido, expresó la angustia que viven al buscar a sus seres queridos en un contexto de violencia real, evidenciando la omisión de deberes por parte del Estado en la protección de sus ciudadanos.
Con el Cártel de Caborca operando en la región, se evidencia un patrón de control que se establece subrepticiamente. Aunque Yucatán aún no enfrenta niveles de violencia extremos, los indicadores y testimonios revelan un desmejoramiento en la seguridad habitual del estado. La institucionalidad parece más una fachada que un mecanismo efectivo para enfrentar la problemática de las desapariciones y el crimen organizado.
